Cuando el Estado dispara

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10 Febrero, 2019

Cuando el Estado dispara

En marzo de 2013 Carlos Abregú y Emanuel Ojeda, adolescentes de 17 años, fueron asesinados por el policía federal Aníbal Aguirrez Manzur de 20 años. No es un caso aislado: hubo 35 casos de gatillo fácil en Moreno en los últimos 10 años.

Por Imanol Subiela Salvo *

El domingo 17 de marzo de 2013, después del mediodía, Carlos Abregú y Emanuel Ojeda fueron hasta el dique Roggero de Moreno. Emanuel pasó a buscar a Carlos, que vivía cerca de su casa, en la moto de su hermano: una Zanella negra y chica, que parece una scooter. Todos los domingos iban hasta allá para meterse en ronditas formadas por adolescentes. Se armaban en las orillas de un río de agua turbia y basura acumalada entre el pasto crecido. El objetivo era estar en esa pasarela de pibes motorizados en la que cada uno trataba de impresionar a los otros con su moto.

Ese mismo domingo de marzo, Aníbal Aguirrez Manzur empezaba su día cerca de ahí. Después de las 12, salió desde su barrio en el partido de Merlo hasta el dique en su moto Yamaha modelo YBR 125 color negro. Tenía el mismo plan que Carlos y Emanuel: pasar el día rodeado del ruido de los motores y de botellas vacías acumuladas al lado de cada grupo.

A media tarde, Emanuel llevó a Carlos a la casa porque se había caído de una moto que pidió prestada para hacer una pirueta y, como se le había manchado la remera y no le gustaba andar desprolijo, volvió para cambiarse. Todavía quedaba un rato de sol y no tardarían demasiado en regresar.

Entre las seis y las siete de la tarde los dos chicos se cruzaron con Aníbal cerca del Minguillón, un frigorífico montado sobre el río Reconquista, uno de los ríos más contaminados del país, que separa a los municipios de Merlo y Moreno, municipios gobernados por los intendentes del Frente para la Victoria, Gustavo Menéndez y Walter Festa. Nadie sabe cuál fue el motivo por el cual Aníbal decidió sacar el arma que tenía encima para dispararles. No hubo testigos directos en la esquina donde se cruzaron. Sólo dos personas, que llegaron cuando todo estaba terminado, vieron a Carlos tirado en el piso y cómo Emanuel corría mientras levantaba sus dos brazos para cubrirse la cabeza, trataba de protegerse de una bala que finalmente entró a su cuerpo por el pecho y lo dejó sin vida en ese mismo momento.


 Carlos y Emanuel tenían 17 años. Aníbal, 20 y era policía federal.


Esta historia es sólo una entre los al menos 35 casos de gatillo fácil que hubo en Moreno en los últimos diez años, cometidos por fuerzas federales y provinciales. Si bien no hay cifras oficiales -porque las estadísticas que recopila el Ministerio de Seguridad de la Nación sólo ofrecen datos sobre homicidios dolosos sin detalles de lugar, causas o de victimarios-, existen relevamientos que hacen organizaciones sociales, como la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Carlos y Emanuel tenían 17 años cuando murieron. Aníbal, 20 y era policía federal.

Aunque parezcan pocos, los casos ocurrieron en uno de los territorios más calientes y violentos del Conurbano bonaerense. En 2017 (último año con datos oficiales publicados), la tasa de homicidios de Moreno fue de 10,3 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. A pesar de que ese número es el más bajo de los últimos años, el municipio duplicó la tasa provincial y la nacional, que llegó a superar por poco los cinco homicidios cada 100 mil habitantes.

“Es difícil generar cifras certeras sobre este problema porque no existe una manera correcta y específica que se adecúe a lo que se entiende por gatillo fácil”, explica Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Y, además, agrega: “Nosotros creamos una base de datos en donde corroboramos con versiones de la prensa las muertes en manos de fuerzas de seguridad federales y provinciales”.

Según el registro del CELS, al menos 107 personas fueron “ejecutadas” en Moreno en manos de las fuerzas de seguridad desde que se inició el registro en 1996. El CELS utiliza el término “ejecuciones” para referirse a “aquellos casos conocidos públicamente como ‘gatillo fácil’, es decir, casos de asesinatos en tanto demostración de poder o impunidad y que suponen alevosía por parte de efectivos de seguridad del Estado”.

La Correpi, una organización que trabaja en temas de derechos humanos y violencia institucional, tiene una concepción más amplia y considera al gatillo fácil como “una vertiente represiva dirigida de manera aparentemente indiscriminada sobre la población más vulnerable”.

Sin embargo, este caso de Moreno pone en evidencia que, en ciertas ocasiones, miembros de la misma “población vulnerable” se atacan entre ellos: Carlos, Emanuel y Aníbal eran del mismo sector social.

“El medio social del que sale la mayoría de los efectivos es el mismo que el de los pibes”, destaca Juliana Miranda, socióloga especializada en Criminología por la Universidad Nacional del Litoral. Además, agrega: “Muchas veces pasa que conocen a la misma gente y hasta entablan vínculos entre ellos que pueden ser previos a que ocurra un conflicto como este”. Aunque no eran amigos, Carlos, Emanuel y Aníbal compartían la misma pasión: las motos. Y encontraban en el dique un escenario de espectadores sobre ruedas.

*Este artículo fue realizado en el marco de la #BecaCosechaRoja. Puede leerse el texto completo en Chequeado.

Fuente: www.cosecharoja.org