El cuento del tío Horacio

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05, Enero 2019

LOCALES

OPINIÓN

El cuento del tío Horacio

Por Pablo Callejón

El 18 de diciembre del año pasado, apenas un día después de la reunión entre Juan Manuel Llamosas y los intendentes de Villa María, Río Tercero y Carlos Paz para evaluar la caótica situación financiera de Cotreco y el riesgo de la caída de un servicio que pone en jaque a cualquier administración, los Ceos de Cotreco presentaron en el Juzgado Nacional de Primera Instancia, a cargo del juez Hernán Papa, el pedido de convocatoria de acreedores. La fecha le permitió a la empresa jugar con los tiempos de la burocracia judicial porteña y la feria judicial. Cuando los mandatarios se reunieron con el presidente de Cotreco, Horacio Busso, el empresario de bronceado brasileño les negó rotundamente que fuera a concretar la medida que ya había ordenado ejecutar. El engaño expuso las debilidades de control municipal y lo relegó, una vez más, a un rol de un espectador inexperto en una crisis que podría generar un alto costo social.

Cuatro días antes de la presentación en convocatoria de Cotreco, Facundo Carranza, asesor legal de la firma, acordó con el gremio Surrbac el pago en dos cuotas de las indemnizaciones a los trabajadores por el cese del contrato con Gamsur que el gobierno de Juan Jure delegó a la firma cordobesa en el final de su mandato. Se trata de un monto, solo en enero, de 50 millones de pesos, una cifra que excede holgadamente los 40 millones 300 mil pesos que la empresa embolsa cada mes por la prestación en Río Cuarto. El objetivo del sindicato era mostrar el acuerdo como una carta de triunfo ante los afiliados y hasta se animaron a presumir con la visita del todopoderoso secretario general del Surrbac, Mauricio Saillén. Las sospechas de un acuerdo con pies de barro postergó lo festejos pirotécnicos. Cotreco es una empresa al borde de la quiebra con más de 1900 cheques rebotados y con un estado bulímico de sus estructuras de funcionamiento que condicionan cada vez más el servicio en Río Cuarto. Ni siquiera la deuda que mantiene el municipio de Córdoba permite revertir el desánimo que genera el futuro de la compañía.

A las 17 de la tarde del jueves 3 de enero, el fiscal municipal Julián Oberti le anticipó al intendente que Cotreco se había presentado en convocatoria y que el contrato, en su artículo 10 inciso 1 y 2, es claro al respecto: “hay que rescindir”. La información ya se había filtrado en las redes a través del ex concejal Pablo Carrizo, quien difundió el pedido del juez Papa a una entidad bancaria para evitar que cierre las cuentas a nombre de la empresa. Llamosas pidió una confirmación formal y el chequeo de la web oficial de la Justicia Nacional porteña ratificó que la presentación había sido efectuada el 18 de diciembre. “La copia de pantalla” fue entregada al intendente, con la advertencia que la rescisión no se podrá iniciar hasta contar con la resolución oficial del juez que entiende en la Convocatoria.

El proceso sumó un nuevo obstáculo que servirá de salvavidas en un breve tiempo y nada más. Cotreco pidió al magistrado que impida con una resolución la rescisión de los contratos con los municipios para evitar que la firma se quede sin ingresos. El argumento de la empresa es que sin el flujo mensual por los servicios el destino final será la quiebra y ningún acreedor podrá cobrar. Desde el municipio especulan que esta maniobra obligará al juez a exigirle a la empresa que brinde el servicio, aún con el pedido formal de cese del contrato que el Gobierno de Llamosas de todos modos ejecutará. Desde la Fiscalía municipal consideran que si el juez frena la rescisión será también responsable de controlar que todos los días se recoja la basura de los riocuartenses. El acuerdo no será infinito, aunque podría servir para hallar un plan B que el municipio aún no tiene resuelto.

“Actuaron de mala fe” dijo Oberti ante los periodistas. El ceo de Cotreco se encargó de burlar la consulta cara a cara de los intendentes sobre una eventual convocatoria de acreedores. En la agobiante tarde de un jueves cargado de tensión, Llamosas decidió que debían afrontar en conferencia de prensa el creciente escándalo, aunque los argumentos quedaron en manos de los voceros técnicos. Desde Prensa diagramaron contrarreloj la convocatoria a los medios que se concretó poco después de las 19. En la sala de Situación, el fiscal Oberti y su secretario de Legal y Técnica, Ricardo Muñóz, ratificaron lo que había anticipado Póster Central en las redes sociales. Las cartas estaban echadas y se inició una compleja batalla judicial.

Como alguna vez lanzó el ex intendente Juan Jure, jaqueado por el abrupto fracaso “del mejor negocio de los últimos años”, Llamosas también fijó una premisa para los responsables de la negociación: “priorizar que no falte el servicio y minimizar los costos” de la salida que más tarde ó más temprano protagonizará Cotreco. Ninguna de las opciones está garantizada de antemano. Los trabajadores advirtieron que escasean los insumos y la calidad de la prestación se desplomó en los últimos meses. La firma buscó encubrir su rojo financiero desde el momento mismo de la licitación y cualquier promesa carece de credibilidad. Tras la conferencia de prensa, lanzaron un comunicado cargado de buenas intenciones, en el que no desmintieron haber caído en convocatoria. Pareció un gesto de cinismo que no pudo despejar las dudas sobre lo que pueda pasar con el servicio.

Cotreco entró por la ventana y parece que se irá por la puerta trasera en madrugada. La cesión del contrato de Gamsur durante el gobierno de Jure fue un manotón de ahogado que nunca permitió salir a flote. Llamosas apostó por una licitación que solo formalizó los réditos para Cotreco y el Código de Higiene Urbano derivó en un postulado inocuo en medio del estallido financiero del único prestador. El contrato se cumplió a medias y dos años después la crisis de la basura resurge debajo de la alfombra. El grado de incertidumbre es tal que el propio intendente habló del interés de algunas empresas, la posible municipalización de parte ó la totalidad del servicio y hasta la cesión del contrato. El todo se convierte en la nada, mientras el servicio pende de un hilo en un despacho judicial a 600 kilómetros de distancia.