Hidrovía: Organizaciones ambientales presentaron una contrapropuesta ante el Consejo Federal

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24, Febrero 2021

Hidrovía: Organizaciones ambientales presentaron una contrapropuesta ante el Consejo Federal

La Asociación de Abogados Ambientalistas participó de la apertura del Consejo Federal Hidrovía y aportó un documento crítico sobre la “visión sesgada” de la licitación de la cuenca del Paraná, como un simple canal para la exportación de commodities, y pidieron llevar la discusión al Comité de Cuenca del Río Paraná.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, abrió el 22 de febrero el camino hacia el nuevo proceso de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP) con la reapertura del Consejo Federal de la Hidrovía, del que participaron los gobernadores de las provincias integrantes de la cuenca, y se confirmó que, a fines de abril, se presentarán los pliegos licitarios. Al encuentro fueron convocadas un puñado de organizaciones ambientales, entre ellas, la Asociación de Abogados Ambientalistas que presentó un documento crítico —con el respaldo de otra veintena de organizaciones de la cuenca— en el que solicitaron el freno del proceso de licitación y la conformación del Comité de Cuenca del Río Paraná como espacio de discusión de democracia ambiental, que reconozca la legislación ambiental vigente para alcanzar un sistema de “gestión de cuenca compartida” que respete los ecosistemas y economías regionales, sin simplificarlo a la navegación comercial para la exportación de commodities.

“No podemos dejar de expresar que no compartimos la visión sesgada de  cómo contemplar al río en su complejidad y belleza, en sus diversidades culturales y biológicas, en sus reinos de vida, simplemente como un canal”, expresa el documento presentado ante el Consejo Federal Hidrovía y sintetiza las visiones encontradas entre los gobiernos nacional y provinciales y la propuesta por las organizaciones como “vía-canaleta versus río-cuenca”.

El documento apunta contra el DNU presidencial anunciado en agosto pasado —aún no publicado en el Boletín Oficial— que impulsa el “Acuerdo de la Hidrovía” y crea la “Administradora Federal Hidrovía  Sociedad del Estado”, una empresa estatal donde el estado federal participa con un 51 por ciento y  las provincias se distribuyen el restante 49 por ciento. Las organizaciones indica que se basa en la noción de “aprovechamiento” de la HPP, que  “íntimamente ligada a una serie de complejas y diversificadas manifestaciones de  modelos de maldesarrollo que promueven, desde la producción de energía basada en  combustibles fósiles, la megaminería a cielo abierto, pasando por la depredación forestal, la  agricultura intensiva a base de organismos genéticamente modificados y agrotóxicos”.

La contrapropuesta de Abogados Ambientalistas —junto a otras organizaciones como Red Nacional de Humedales, Paren de Fumigarnos Santa Fe, Somos Monte y Oikos Red Ambiental— señala que el debate para una nueva concesión de la vía —explotada bajo la figura de Hidrovía S.A desde 1995 por la empresa constructora Jan de Nul, con sede en Luxemburgo— no debe darse en el espacio “reduccionista” del Consejo Federal, ya que el debate se “simplifica a un mega proyecto de mal desarrollo que niega la diversidad legislativa aplicable y la diversidad de los otros reinos de vida en los  ecosistemas en donde pretende desplegarse como expandirse”.

El documento que fue entregado a las autoridades presentes y, en particular, al representante por el Ministerio de Ambiente, el secretario de Cambio Climático Rodrigo Rodríguez Tornquist, solicita la creación por parte del Jefatura de Gabinete de un Comité de Cuenca del Río Paraná como espacio de debate para que “la navegación comercial, será una iniciativa más, igualada a la  preservación y gestión de los bienes pesqueros, como de la diversidad biológica y cultural del corredor biocultural del río Paraná y también del Paraguay, la protección y garantía del acceso  al agua saludable como derecho humano fundamental y más que prioritario, las políticas de  adaptación al cambio climático”.

En ese sentido, las organizaciones señalan que en ese espacio deberán considerarse “los modelos de desarrollo y sus escalas como impactos acumulativos más allá del río”, la reformulación del ordenamiento ambiental de los territorios de humedales, la conformación de su inventario, la  urgente sanción de la ley de protección de los mismos, el análisis de los niveles de contaminación de todas las cuencas hídricas, territorios y comunidades integradas a la cuenca.

“El proyecto HPP se ha transformado en uno de  los medios (y fines) fundamentales de las corporaciones ligadas al crecimiento y expansión de  la agroindustria de base biotecnológica”, resume el documento las razones de la explotación de la hidrovía desde su privatización en la década del 1990.

La hidrovía del Paraná o un nuevo caso Matanza-Riachuelo

“No se puede avanzar en un proceso de mayor intervención en el cauce principal del río Paraná y más allá de todos los producidos desde los inicios de los años ‘90, sin un estudio de impacto ambiental acumulativo y una Evaluación Ambiental Estrategia  de los proyectos en carpeta planificados por la gestión nacional y las provinciales”, sentencia el documento.

Y advierte que,de lo contrario, “nos encontraremos, si ya no lo estamos, frente a un nuevo caso  “Matanza Riachuelo”, en términos jurídicos y ecológicos, desde la visión de la injusticia social  y ambiental, realmente escandaloso y ecocida, pero ahora en la cuenca y su río más  importante de la República, el Paraná”. En ese tono, las organizaciones recordaron que aún están a la espera de la  respuesta oficial a una solicitud de acceso a la información ambiental.

A pesar de la posición expresada por Abogados Ambientalistas, durante la reunión del Consejo Federal Hidrovía, el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Hidrovía”, Pablo Barbieri, confirmó que se espera presentar los pliegos licitatorios antes de fines de abril e iniciar un proceso que durará, al menos, 180 días hábiles. “Apuntamos a mejorar las condiciones de navegabilidad, a preservar el medioambiente y a diseñar una hidrovía que en el futuro permita potenciar nuestro comercio interior y exterior”, sostuvo Barbieri.

El documento de las organizaciones enumeró los riesgos ambientales que se corre con la profundización del modelo de “vía-canaleta” sin contemplar el marco legal ambiental vigente en materia de protección y gestión de cuenca compartida:

  • riesgos de inundaciones
  • contaminación de agua potable
  • creciente  emplazamiento de agroindustrias y de terminales portuarias en zonas residenciales y costeras  de uso público
  • congestionamiento vial
  • aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero
  • urbanización aceleradas y no planificada
  • hostigamiento sobre los modelos productivos de  subsistencia de comunidades indígenas, campesinas y ribereñas vulnerables
  • concentración  de la tierra en manos de corporaciones y degradación de los territorios

Un marco legal para otra hidrovía del Paraná

La presentación de Abogados Ambientalistas sustenta su pedido de suspensión del proceso licitatorio y una “urgente” creación del Comité de Cuenca del Río Paraná como espacio de discusión a partir de los marcos legales vigentes, la jurisprudencia acumulada y normativas aprobadas recientemente como la Ley de Cambio Climático y la adhesión al Acuerdo de Escazú, que entrará en vigencia el próximo 22 de abril, y que compromete al Estado a comprometer la participación de la sociedad civil.

Entre el marco legal citado, el documento enumera desde los requerimientos de ordenamiento territorial, evaluaciones de impacto ambiental, información ambiental y participación ciudadana, vigente en la Ley General de Ambiente (25.675) hasta el principio de “gestión integrada del recurso hídrico” presente en los principios rectores de la política hídrica nacional. Por otra parte, señala que a lo largo de la cuenca existen áreas preservadas, como los humedales protegidos por el acuerdo Ramsar y, sin embargo, la voz de Parques Nacionales está ausente en la mesa de discusión.

Además, el documento recuerdo la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de gestión de los recursos hídricos desde el fallo que creó, en 2008, el Plan integral Estratégico para la conservación y aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS); pasando por el fallo Matanza-Riachuelo y hasta fallos a favor de la provincia de La Pampa contra Mendoza por el uso del río Atuel, que incorpora los principios de “estado  participe de la cuenca” y “sistemas ecológicos compartidos”.

“Sin poner en crisis la necesidad de reconfigurar el tratado de la cuenca del Plata hacia un acuerdo regional o nuevo tratado de paz con la Naturaleza y los pueblos concretos en sus territorios, como para con los  pueblos indígenas en particular”, sostiene el documento y convoca: “O se ratifica y consolida lo más profundo del neoliberalismo en la segunda década  infame de la Argentina del siglo pasado, o construimos una nueva democracia social y  ambiental en la cuenca”.

Fuente: www.agenciatierraviva.com.ar