La “escuelita” en los 70: De la militancia a la represión

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11, Septiembre 2020

La “escuelita” en los 70: De la militancia a la represión

Por Pablo Ponza*

Iniciada en 1972, la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba atrajo un estudiantado contestatario, rebelde y crítico del autoritarismo militar, para el que la comunicación era una herramienta para crear conciencia y cambio social. Desde el golpe policial de febrero del 74 hasta el terror dictatorial, una escalada represiva se materializó en intervenciones, cierre, cambio de plan de estudios y la encarnizada persecución de sus estudiantes y docentes.

La Escuela de Ciencias de la Información (ECI) fue creada por Ordenanza del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) -N° 52/71- el 30 de diciembre de 1971. Allí se estableció su dependencia directa del Rectorado. El cargo de Director fue designado por el Consejo Superior a propuesta del Rectorado con una duración de tres años y con el requisito excluyente de que el cargo fuera ocupado por un docente de la casa. El primer director de la ECI fue el Licenciado Adelmo Ramón Montenegro, mientras que el Licenciado Miguel Negro Clariá se desempeñó como secretario general, y el contador Juan Eduardo Llanos como jefe del área contable. Asimismo, la Ordenanza 52/71 proponía un Plan de Estudios y disponía la potestad de contratar profesores de manera directa, ya que el nombramiento por concurso del personal docente era exclusividad del Consejo Superior de la Universidad (UNC, 1971: 4).

En 1972, año de su apertura, la Escuela sufrió problemas de organización e infraestructura, situación que obligó a posponer el comienzo de las actividades hasta julio de 1972. Finalmente, luego de una serie de gestiones y conflictos entre el Rectorado, docentes y alumnos, se logró su apertura en el antiguo local del Instituto Cultural Argentino Norteamericano (ICANA) y en el segundo semestre de 1972, con una matriculación de 718 alumnos y con sólo 25 docentes contratados de otras universidades, la ECI comenzó su recorrido. Originalmente la ECI estaba situada en la Avenida Vélez Sarsfield N° 187, a pocos metros del local de la CGT, a una cuadra de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a la vuelta del Rectorado y a pocas cuadras de la sede central de La Voz del Interior; todas instituciones de gran relevancia y participación tanto en la vida social, cultural y política de la ciudad, como en los conflictos de la época. Dicha ubicación favoreció, por ejemplo, la participación de estudiantes en las movilizaciones urbanas, así como la asistencia a reuniones y asambleas encabezadas por líderes políticos y sindicales de la época como René Salamanca, Atilio López o Agustín Tosco.

Tras un análisis realizado por Carolina Wild, Gastón Klocker y Pablo Ponza –basado en datos e informaciones recolectadas a partir de una combinación entre encuestas y entrevistas en profundidad a ex alumnos y alumnas de esa época (ver www.negrosubversivodisidente.com)– inferimos que la naciente identidad e idiosincrasia del estudiantado de la ECI tenía entre sus características principales la contestación, la rebeldía y la crítica al autoritarismo represivo de las fuerzas armadas. Y que esos jóvenes ingresantes consideraban que la comunicación en general y la práctica periodística en particular eran una herramienta útil para la concientización social y la denuncia de los atropellos y la prepotencia dictatorial en favor de quienes no podían hacer oír su voz.

Recordemos que el contexto de apertura de la ECI era el de la llamada Revolución Argentina (1966-1973) encabezada por Juan Carlos Onganía, tozudo general del riñón católico argentino. Dicha dictadura se extendió hasta 1973 y estuvo caracterizada por la clausura de toda práctica política, la intervención de las universidades y una creciente represión a las prácticas, consumos y comportamientos típicamente juveniles de la época. Durante las entrevistas a ex estudiantes, surgieron recuerdos luminosos, pero también experiencias colectivas altamente traumáticas que parecen no sólo haber marcado el destino posterior de muchos estudiantes exiliados y desaparecidos, sino también signado la orientación política e ideológica del grueso de esa generación de estudiantes. Por caso, recordemos la violenta intervención a las Universidades (1966), el asesinato de Santiago Pampillón (1966), las jornadas del Cordobazo (1969), el Viborazo (1971), el Golpe de Estado a Salvador Allende en Chile (1973), el Navarrazo (1974) que derrocó el gobierno provincial de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, el accionar del llamado Comando Libertadores de América y del Comando Radioeléctrico, en tanto episodios previos al más sangriento y penoso de los capítulos de nuestra historia reciente: el advenimiento de la última dictadura militar (1976-1983).

Pero volviendo ahora a la trayectoria institucional de la ECI, para 1974 la escuela parecía haber regularizado sus actividades: se dictaron 14 asignaturas y se registró un ingreso de 574 estudiantes. Por su parte, el personal docente aumentó a 74 profesores y profesoras. Sin embargo, ese año el desarrollo de las actividades comenzaron a ser afectadas por la acción represiva de grupos parapoliciales, una situación que se recrudeció luego del golpe de estado policial conocido como Navarrazo (1974), que marcó el comienzo de la represión ilegal del movimiento estudiantil universitario. Según registros orales, el 7 de mayo de 1974 ingresaron a la ECI alrededor de 50 militantes armados de la Juventud Sindical Peronista (JSP), entraron disparando y golpeando a las personas, retuvieron a docentes, alumnos y obligaron a punta de pistola a cantar la Marcha Peronista y vitorear otras consignas de su preferencia. Una semana después, el 15 de mayo, nuevamente un grupo armado más reducido intentó tomar la ECI, pero en dicha ocasión los estudiantes reaccionaron y lograron detenerlos, atarlos e interrogarlos descubriendo que poseían credenciales del llamado Comando de Las 62 Organizaciones y documentación que los vinculaba como empleados del gobierno provincial. Si bien algunos estudiantes de la escuela –militantes de organizaciones políticas y político-militares– cantaban consignas pidiendo un juicio revolucionario en el auditorio de la ECI, los asaltantes fueron entregados sanos y salvos a la policía.

Hacia 1975, bajo la gestión presidencial de Isabel Martínez de Perón, la represión de los grupos parapoliciales se tornó cada vez más cruenta e intensa. La Universidad Nacional de Córdoba fue intervenida como parte del proceso conocido como Misión Ivanissevich, dando fin al breve interregno democrático abierto tras la caída del gobierno militar de la Revolución Argentina. Según Fernando Pedrosa (1999: 21), la ley universitaria 20604, dictada en 1974 y reemplazada luego por la ley 21276, mantuvo el control de las universidades públicas en la órbita del Ministerio de Educación, pero con injerencia directa del Ejecutivo Nacional. Dicha ley anuló la representación y autonomía universitaria en los cuerpos docentes, estudiantes y no docentes. El gobierno impuso así el nombramiento vertical de autoridades, se prohibieron los Centros de Estudiantes y los asesinatos del Comando Libertadores de América ocasionaron terror en la población y un impacto negativo en la matriculación de nuevos alumnos. De hecho, en 1975, sólo se inscribieron 226 estudiantes y se dictaron 22 asignaturas. Ese mismo año, la ECI fue intervenida y Antonio María Requena fue designado por el Rector como nuevo Director. Requena encabezó una verdadera caza de brujas, es decir, una profunda y detallada purga estudiantil y docente. A partir de allí muchos alumnos, especialmente militantes y dirigentes estudiantiles, comenzaron a ser perseguidos, se vieron forzados a pasar a la clandestinidad, y los que no fueron desaparecidos se exiliaron e interrumpieron sus estudios. La deserción se acrecentó a mediados de 1975 al punto de llegar al año 1977 con sólo el veintisiete 27% de la población que se había matriculado en 1972 (ECI, 1977: 1).

Sin embargo, las medidas para desarticular el movimiento estudiantil no se circunscribieron a las disposiciones rectorales o ministeriales que restringían el ingreso, control y reducción de la población estudiantil, sino también a través de la confección de listas negras. Por otra parte, el accionar del llamado Comando Libertadores de América en Córdoba perpetró toda clase de crímenes. Según investigaciones de Melisa Paiaro (2016), a comienzos de diciembre de 1975 dicho comando parapolicial habría hecho su debut oficial de fuego tras asesinar a 9 estudiantes de Arquitectura, cuyos cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos, con sus cabezas cubiertas por un lienzo y con múltiples impactos de arma de fuego. Tras dicha acción terrorista distribuyeron en los principales medios periodísticos una carta donde se atribuían la autoría de los múltiples asesinatos. Según señala Pedrosa (1999), para finales de 1975 grupos paraestatales vinculadas a la Policía provincial y el Tercer Cuerpo de Ejército incursionaban salvaje y libremente en las unidades académicas con el objetivo de identificar estudiantes, secuestrarlos, torturarlos y asesinarlos.

Para principios de 1977 la dictadura se propuso cerrar la ECI y crear en su lugar Informática y Comunicación, pero –según los relatos recogidos– la Federación Argentina de Periodistas instó al Ministro de Educación a que no la clausure pues significaría un retroceso en el área de la comunicación social en el país. El 29 de marzo de 1978, bajo dirección del Dr. Francisco Rómulo Pereyra, comenzó la normalización institucional de la ECI con nuevo Plan de Estudios, un cambio en la denominación del título, que pasó a ser el de Licenciado en Comunicación Social. Esta noticia generó que los alumnos alejados de la Escuela pidieran su readmisión, y mayoritariamente argumentando su abandono previo por razones de salud o trabajo. Aun así, la población estudiantil disminuyó considerablemente.

A fines de 1978, el Ministerio de Educación de la Nación emitió la Resolución N°1006/78 donde dispuso que se reestructuren las unidades académicas de la universidad y se congreguen las Escuelas dependientes directamente del rectorado en facultades afines. Se recomienda así que la ECI quede bajo la órbita de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, pero con sede en la ex alcaldía policial de la Ciudad Universitaria. En octubre de ese mismo año el director Francisco Pereyra redacta la primera defensa de Autonomía y Solicitud de fundación de la Facultad de Comunicación Social, remitiendo al Secretario General de la UNC un estatuto epistemológico donde considera que la Escuela no puede formar parte de una facultad de ciencias sociales, ya que su naturaleza epistemológica es de un “alto grado de complejidad que exige [SIC] ser tratada específicamente” (ECI, 1978:5). Pero la reorganización ministerial se concreta en 1980 y la ECI –junto a la Escuela de Trabajo Social– pasan a formar parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Según las y los ex estudiantes entrevistados y encuestados para este estudio, sólo el 41,18% de ellos dicen haber finalizado sus estudios superiores; y en su mayoría lo hicieron recién con el advenimiento de la democracia. El 35,30% se vieron forzados a abandonar la carrera. El 11,76% fueron expulsados y el 5,88% detenidos. Quienes se vieron forzados a abandonar la carrera lo hicieron entre fines de 1975 y fines de 1976. Cabe destacar que estas cifras no toman en cuenta el caso de las y los 51 estudiantes desaparecidos. Según nuestras informaciones, quienes obtuvieron el título lo hicieron mayoritariamente beneficiados por las cláusulas promovidas por el Poder Ejecutivo (PEN) encabezado entonces por Raúl Alfonsín a partir del decreto que sancionó la Ley de Normalización de Universidades Nacionales y la Ley Orgánica de Universidades Nacionales de 1984. Según Lucía Trotta (2007: 19), se instó allí «a las universidades a crear un régimen de incorporación de todos aquellos docentes, no docentes y estudiantes cesanteados, prescindidos u obligados a renunciar por motivos políticos o gremiales, en un margen no superior a 90 días después de promulgadas las leyes».

En el caso de la ECI, se desarrolló una reparación especial para aquellos estudiantes que adeudaban escasas materias y habían dejado incompleta la Carrera por motivos de persecución política. Para quienes hubieran aprobado todas las materias sin haber entregado su tesis de grado, se concedió la prerrogativa de terminar la carrera a través de un Trabajo de Seminario Final que la reemplazaba. Sin embargo, a pesar de estas medidas, el paso del tiempo y el fin de la dictadura no impidieron que los exiliados, expulsados o quienes se vieron forzados a abandonar la carrera dejaran de sufrir demoras e inconvenientes, ya que se registraron diversas clases de trabas y obstáculos burocráticos –como extravío de legajos o cambios en el plan de estudios– que invalidaron tanto las asignaturas regularizadas como las correlatividades.

Foto principal:
José Alberto García, uno de los secuestrados-desaparecidos incluidos en la nómina de víctimas del juicio “Diedrichs – Herrera”, dialoga con su esposa María Ester Damora, cuando la ECI funcionaba en la actual Escuela de Lenguas. Foto: Oscar Moreschi / La Nueva Mañana (ver https://lmdiario.com.ar/contenido/244495/despues-de-44-anos-se-hara-justicia-y-volveremos-a-tenerlos-con-nosotros, por Adrián Camerano).

*Investigador del Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnología (IECET-CONICET-UNC) y profesor asistente en Historia Argentina Contemporánea en la FCC-UNC. Hijo de Ernesto Edelmiro Ponza, estudiante de la ECI y militante del PRT-ERP secuestrado-desaparecido el 14 de mayo de 1977. 

Fuente: www.queportal.fcc.unc.edu.ar