Las manzanas podridas

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11, Enero 2020

Las manzanas podridas

Por Pablo Callejón*

Sergio Almerich asumió la jefatura de la Policía Federal de Río Cuarto el 8 de enero del 2018 con el objetivo de impulsar “la lucha contra el tráfico de estupefacientes, bajo la dirección de la Justicia Federal”. Con 90 hombres bajo su mando, Almerich debía conducir el trabajo de campo en el combate contra los narcos. En su nuevo rol, no perdió la oportunidad de grabar un video en youtube, acompañado por agentes de la delegación envueltos en banderas, para alentar a la selección nacional de fútbol que disputaba el mundial en Rusia. El histrionismo de Almerich contrastó con el hermetismo que acompañó su salida de la ciudad. Apenas 11 meses después del nombramiento, fue trasladado a la comisaría de Bariloche, donde le informaron que había sido imputado por encubrir a una banda narco.

Almerich es padre de Giuliana, pareja de Jonathan Jesús Monserrat, procesado en la causa por Narcotráfico y Lavado de Activos. A Monserrat se le adjudica ser el propietario de una agencia de venta de automóviles que la banda liderada por Claudio Torres utilizaba para blanquear el dinero que provenía de la comercialización de drogas. En el allanamiento a la vivienda que compartían Monserrat y su pareja, secuestraron 137 mil pesos, 3.300 dólares, una pistola Bersa y documentación.
Durante la indagatoria, Monserrat reconoció conocer a “algunos de los imputados” y apuntó especialmente a Mariano Rivarola, con quien compartía “eventos, gimnasio y amigos en común”. El yerno del ex jefe de la Federal dijo que en su agencia solo se vendían autos de “gama media y baja, con un valor que no superaban los 300 mil pesos”.
Al vendedor de autos se lo acusó de “haber prestado colaboración a la organización criminal y a realizar maniobras tendientes a poner en circulación en el mercado dinero proveniente de ilícitos penales, con el objeto de darle apariencia de origen lícito”
Monserrat utilizaba la agencia de ventas, ubicada en Buenos Aires al 1800 para “facilitar la compra y venta de vehículos” adquiridos por la actividad narco. El juez Federal también lo acusó de colaborar en la “guarda y almacenamiento” de la droga antes de su comercialización.

La mega causa que estalló el 16 de enero del 2018, a partir del homicidio de Claudio Torres frente a su vivienda del barrio Fénix, había comenzado cuatro años antes con una denuncia en la Unidad de Gendarmería en Holmberg. En 2015, una nueva investigación deriva en los allanamientos en la Terminal de Omnibus por el traslado de cocaína desde Orán, en Salta. En el procedimiento fueron detenidos los gendarmes Luis Naser y Cristian Moya, condenados a 9 años y 7 años y 6 meses, respectivamente. En septiembre de ese año, la causa sumó otra derivación por la distribución de estupefacientes que llegaban desde Buenos Aires y la Justicia advirtió la participación del entonces segundo jefe de la Unidad Departamental y comisario estrella de la Policía, Leonardo Hein. Las escuchas telefónicas lo involucraron en la protección de las operaciones delictivas. Por la filtración de las pruebas a medios periodísicos, fue imputado un agente de la Federal.
Ante el complejo escenario de complicidades de las fuerzas de seguridad, el juez Ochoa resolvió en 2016 convocar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La torpeza de los agentes que desconocían sobre la realidad de Río Cuarto, los enfrentó al propio Claudio Torres. El denominado Zar de la droga advirtió que lo perseguían, se bajó del vehículo y hasta fotografió impunemente al automóvil en el que se trasladaban los agentes. Torres logró identificar a los policías y en julio del 2017, uno de ellos recibió el llamado de un integrante de la banda narco. El delincuente –imputado en la causa por lavado de activos- le ofreció “una cometa” a cambio de información acerca de alguna investigación que “llevaba adelante la PSA en contra de un cliente grande de un estudio contable”. Poco tiempo después, el efectivo fue “perseguido por el mismísimo Torres por la calles de la ciudad, pudiéndose escapar”.
El 5 de enero de 2019, apenas 11 días antes de la aparición en las sombras de un sicario que vomitó ocho disparos sobre el cuerpo de Torres, el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria recibió un revelador mensaje de texto. En la comunicación le advertían que “que conocen la existencia de la investigación que se pretende realizar procedimientos en el mes de febrero y si los mismos se llevan a cabo, iban a arremeter en contra de todos”.
Ochoa resaltó en la resolución del procesamiento a los implicados en la causa por Narcotráfico y Lavado “la pérdida total de confianza en las fuerzas de Seguridad con asiento en la ciudad”, debido a que “gendarmes y policías, encargados de denunciar e investigar delitos, tenían una fluida connivencia con narcotraficantes”. En ese momento de la instrucción, aún no había sido imputado el comisario Almerich.

Ochoa afirmó que la banda narco obtenía los estupefacientes a través de otras organizaciones en Santa Fe, Buenos Aires, Bolivia y Paraguay. La transportaba en camiones y otros vehículos hacia Río Cuarto y aquí las ocultaba “en galpones, quintas o viviendas bajo control de los imputados”. En estos lugares se “fraccionaba y acondicionaba, antes de ser almacenada y enviada a otras provincias y Chile”. El dinero obtenido se invertía en inmuebles y automóviles con testaferros para permitir su blanqueo, con el aporte técnico de expertos contables. Para evitar ser captados, no compartían una misma estructura de funcionamiento, sino que cada uno de los implicados desarrollaba su propia estrategia de lavado.

El 3 de septiembre del año pasado, Almerich fue citado a indagatoria tras ser imputado en la causa que impulsa el Juzgado Federal. El suegro de Monserrat estaba aún a cargo de la Policía Federal de Bariloche, de la que fue apartado el 23 de septiembre.
El yerno había señalado en su declaración indagatoria que le advirtió a Almerich que “tuviera cuidado” con las personas con las que se relacionaban porque pertenecían al submundo del narcotráfico. Ochoa se convenció de que Almerich conocía sobre el accionar del yerno y la tarea de la banda narco, pero el jefe policial omitió realizar la denuncia.

Junto al ex titular de Investigaciones de la Policía de Córdoba Gustavo Oyarzábal, el comisario de la Federal incorporó otro capítulo escandaloso en la investigación por los nexos entre el accionar criminal y las fuerzas de seguridad. Almerich fue trasladado al sur argentino en diciembre, pocos días antes del anuncio oficial del retiro de Oyarzábal, quien estuvo a cargo de la pesquisa por el homicidio de Torres hasta su desplazamiento.
La connivencia entre policías y narcos devastó la confianza del poder Judicial y reveló que el sistema de persecución criminal es mucho más oscuro y complejo que el hallazgo de algunas manzanas podridas.

*Periodista