Ningún pibe nace chorro

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25 Mayo, 2019

EDITORIAL

Ningún pibe nace chorro

Desde el mes de abril se debate en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para establecer el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, un nuevo instrumento punitivo lanzado por el Gobierno de Cambiemos que rechazamos porque tiene la misión de judicializar a los pibes pobres desconociendo los tratados internacionales de protección de los derechos de la infancia, niñez y adolescencia de los que nuestro país es signatario.

Montado en la ola de “Bolsonarismo” explícito que reclama mano dura para combatir la inseguridad, el proyecto del Macrismo apunta a criminalizar a los chicos y chicas que son víctimas y no victimarios de un sistema injusto y violento que los estigmatiza y arroja a pobreza y consecuente la exclusión de la sociedad.

El proyecto baja la edad de punibilidad a 15 años, sin dar fundamentos, violando el principio de no regresividad; impone una pena altísima a los adolescentes de 15 años que pasan de no tener ninguna expectativa de pena, a tener una condena posible de 15 años; no hay límite para las sanciones que se pueden aplicar a los adolescentes de 16 y 17 años; para los no punibles, es decir los que quedan por debajo de los 15 años, establece un retorno al patronato, ya que los jueces de menores podrán intervenir en decisiones sobre su situación sin límite de edad.

El Gobierno desconoce instrumentos internacionales de Derechos Humanos como la Observación General 10 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, sobre la Administración de Justicia y los niños, que expresamente desalienta la utilización del Sistema Judicial, y con especial énfasis el Sistema Penal para abordar las conductas de niños y niñas.

También desconoce las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que en su última reunión luego de recibir los informes de la República Argentina, señaló: “El Comité recomienda que el Estado apruebe una Ley General de Justicia de menores que se ajuste a la Convención y a las normas internacionales de Justicia de Menores, en particular en relación con la garantía de que la detención se utilice como último recurso y durante el período más breve posible, y que no incluya disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de Responsabilidad Penal”.

Frente a esta nueva embestida del poder contra los chicos, que junto a los viejos conforman los dos sectores más vulnerables de la sociedad, hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo a capa y espada los derechos de niñas, niños y adolescentes a desarrollar del modo más pleno posible sus vidas, exigiendo que el Estado cumpla sus obligaciones y combatiendo con todos los medios a nuestro alcance este proyecto nefasto, pergeñado por los que diseñan la hoja de ruta del próximo turno electoral.