“Tenemos que superar la lógica de un Poder Judicial monárquico”

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28, Agosto 2020

“Tenemos que superar la lógica de un Poder Judicial monárquico”

Organizado por la agrupación política Reunir de Villa María, se llevó a cabo el miércoles una charla sobre el proyecto de reforma judicial. Rodríguez Villafañe dio su perspectiva sobre los cambios propuestos.

Miguel Rodríguez Villafañe conoce desde adentro el funcionamiento de la Justicia Federal y con esa perspectiva es que analizó los puntos de la reforma propuesta. Cuestionó la oposición del justicialismo cordobés “porque no afecta en nada a Córdoba”, pero también criticó algunos puntos de la iniciativa.

Al inicio de la charla de la que participaron un interesante número de villamarienses, Rodríguez Villafañe valoró que “este Gobierno haya tenido la valentía de impulsarlo”, pero señaló que no hubo “la mejor claridad en comunicarlo”.

Para tener en cuenta su perspectiva, indicó que “hay que superar la lógica de un Poder Judicial monárquico. Más allá de lo semántico, porque los Tribunales se llaman palacios y los jueces de máxima instancia son las cortes, hay que señalar que el juez, en un sistema monárquico, era un súbdito del rey. En una democracia, es un par”. Allí empezó a indicar que, por la condición de par, el magistrado debe vivir en el lugar donde tiene que juzgar. Pero en nuestro sistema judicial, a medida que “sube de instancia, el juez se aleja. O sea, que en una primera instancia es posible que el juez vea su caso, en una cámara tiene menos posibilidades y ni hablar de la Corte Suprema”.

Otro punto que indicó para sustentar su perspectiva, es que el Poder Judicial “es el único que está disperso en todo el país” y que los fallos que quedan firmes en cualquier punto del país, tienen el mismo valor que si lo hubiera sentenciado un máximo tribunal.

También planteó que es indispensable que el ingreso sea por concurso. “Espero que este cambio no termine consagrando una Justicia elitista, sino que los empleados sean los mejores desde la idoneidad y no desde el acomodo”.

Críticas infundadas

Lamentó que la iniciativa tenga cuestionamientos infundados. “Uno de los cuestionamientos que he escuchado es que este proyecto es para buscar la impunidad de los políticos, concretamente hablan de Cristina Fernández. Esto no es así, porque la iniciativa protege al juez natural y la ley dice que aún con la creación de un nuevo juzgado no cambiará de manos el expediente ya iniciado. Sigue en el juzgado de origen”, planteó.

“Es más, como se crearán nuevos juzgados, evidentemente se descomprimirá la presión que tienen muchos jueces con cúmulo de causas pendientes. Se va a agilizar por una cuestión lógica”.

“Para Córdoba, se prevé la creación de un Juzgado en Cruz del Eje que hacía falta porque no había nada en el norte cordobés; más un juzgado nuevo en Villa María, otro en Río Cuarto y dos en la capital. Por eso, no entiendo por qué los legisladores (del oficialismo provincial) pregonan que no van a ir a la sesión donde se tratará el proyecto. ¿Por qué no van a ir? ¿Con qué fundamento? Generan sin razón un malestar social”, planteó.

Por otra parte, destacó que en el proyecto se expresa que todos los integrantes del Poder Judicial deben ajustarse a estrictas normas éticas. “Hemos visto que quienes se rasgan las vestiduras hablando de ética no defienden este punto e incluso, avalaron cuestiones inconcebibles en el gobierno anterior”, dijo.

Dio como ejemplo un caso en el que, como abogado, planteó un amparo para las empresas Pymes de Córdoba por el aumento del gas durante el gobierno de Mauricio Macri. “En primera instancia me dieron la razón, pero el Estado apeló”, recordó. El argumento del amparista era, entre otros, que el responsable del área de Energía, Juan José Aranguren, no cumplía los requisitos del Código de Etica Pública por la incompatibilidad con su rol en el sector energético privado. “Esto es muy grave, porque es nulo todo lo que firma un funcionario que no cumple con ese Código. Y, sin embargo, en la apelación dijeron a los nuevos jueces que no deberían aplicar la ley de ética pública porque el gobierno de Ceos no podría contar con los mejores. Es decir, le pidieron a una cámara que no aplique la ley. Traigo este caso porque muchos sectores se rasgan las vestiduras sobre ética y nada dicen sobre eso”.

Cuestionamientos

El abogado y exjuez, fiel a su estilo, planteó también sus críticas al proyecto de reforma judicial. “Primero, es solo una reforma de la estructura organizativa del Poder Judicial Federal”, aclaró.

Sobre ese punto, señaló que no vio “que se haya hecho un análisis pormenorizado para saber dónde hace falta un nuevo juzgado y dónde no”. También remarcó que sigue habiendo pocos fiscales en un sistema acusatorio como el que se piensa implementar. “Realmente no se si van a dar abasto. Hay más jueces de control que fiscales”, dijo.

Otro cuestionamiento técnico tiene que ver con la ausencia de un cambio para que la Capital Federal tenga su propia justicia ordinaria, como existe en las provincias y no cuente solamente con la nacional. “Así, un ciudadano chaqueño con sus impuestos paga la Justicia de la Ciudad Autónoma, que, como se sabe, concentra un gran poder económico. Deberían pedirle que se hagan cargo de su propia Justicia como hacen las provincias. Eso sería federalismo”, dijo.

Desde lo político, apuntó a lo que considera algunos errores. “Primero, nombrar una comisión asesora para mi gusto, no es lo ideal. Lo que haya que discutir que se discuta en el Congreso”. Y agregó que incorporar a esa comisión al abogado de Cristina Fernández “termina envenenando las resoluciones, no porque no sea capaz, sino por lo que genera. Me parece que es un error político innecesario”, apuntó.

También cuestionó un inciso del artículo 72 del dictamen del Senado, donde se expresa que el juez que se sienta presionado por algún poder “político, económico o mediático”, entre otros, debe comunicarlo al Consejo de la Magistratura. “Todo el artículo es un placebo que no tiene razón de ser, porque si a un juez lo quieren influir de manera ilegal, tiene el Código Penal para denunciar, y si es legal, estamos hablando de las discrepancias propias de todo proceso. Además, si el juez federal tiene otro instrumento ante una presión, convertiríamos a los magistrados en jueces de primera y de segunda, porque los provinciales no tienen a mano esa herramienta”.

En otro tramo, lamentó que hasta los que defienden el proyecto de reforma lo hacen de manera errónea. “Escuché una entrevista al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decir que la reforma era necesaria porque el Poder Judicial anda mal y dio como ejemplo lo que demora un juicio de adopción o uno de desalojo. Esos son temas de competencia provincial, no federal y por lo tanto, no será afectado en nada con la reforma”.

Finalmente, al hablar de los miembros de la Corte Suprema, indicó que, en promedio, generan entre 35 y 65 fallos por día. “Está claro que ni lo pueden leer”, dijo. “Lo que hay son 178 relatores, hombres y mujeres contra los que no tengo nada, pero son los que no pasaron nunca por el Senado y los que van a resolver todas las demandas de un ciudadano común contra el Estado”. Agregó que, aunque debiera ser el Consejo de la Magistratura, es la Corte la que distribuye los recursos para la Justicia Federal en todo el país. “Y se sabe que el que maneja la plata, maneja el poder”.

“Generan sin razón un malestar social”, dijo sobre los legisladores nacionales por Córdoba que, según expresó, no fundamentaron las razones por las que no asistirán a la sesión.

“Espero que este cambio no termine consagrando una Justicia elitista, sino que los empleados sean los mejores desde la idoneidad y no desde el acomodo”.

“A los tribunales los llaman palacios y a los máximos jueces, corte”. Detalles semánticos de la que llama “lógica monárquica”.

Fuente: www.eldiariocba.com.ar